La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que Correos, el operador público español de servicios postales, recibió una compensación excesiva por la prestación del servicio postal universal obligatorio entre 2004 y 2010, y también de que se benefició de exenciones fiscales incompatibles. España tiene que recuperar ahora 167 millones de euros de Correos. España encomendó a Correos la prestación del servicio postal universal obligatorio, consistente en la prestación de servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles y con sujeción a determinados requisitos mínimos, por ejemplo, en cuanto al número de entregas semanales. El 11 de febrero de 2016, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad para examinar si varias ayudas estatales concedidas a Correos como compensación por el desempeño de sus obligaciones de servicio público se ajustaban a las normas sobre ayudas estatales de la UE. (RAPID, IP/18/4444, 10.7.2018)

La Comisión Europea ha autorizado, en virtud del Reglamento de la UE sobre concentraciones, la adquisición propuesta de Abertis por parte de ACS (junto con su filial Hochtief) y Atlantia. La Comisión ha llegado a la conclusión de que la operación anunciada no plantearía problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo. Atlantia y Abertis gestionan y explotan autopistas de peaje. ACS concentra sobre todo su actividad en la construcción de infraestructuras, aunque también explota concesiones en el ámbito de las infraestructuras. Las tres empresas también intervienen en el sector de los servicios auxiliares para la explotación de autopistas de peaje, servicios que incluyen, por ejemplo, la prestación de servicios de telepeaje, así como la distribución de dispositivos a bordo y la prestación de sistemas de transporte inteligentes. (RAPID, IP/18/4392, 6.7.2018)

La Comisión Europea ha concedido una ayuda de emergencia adicional de 45,6 millones EUR a España y Grecia para respaldar a estos países en sus esfuerzos por afrontar sus retos migratorios. Habida cuenta del número creciente de llegadas de migrantes, España recibirá 25,6 millones EUR destinados a mejorar la capacidad de acogida en su costa meridional y en Ceuta y Melilla, así como a aumentar el número de retornos. Otros 20 millones EUR se han concedido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el fin de mejorar las condiciones de acogida de Grecia, particularmente en la isla de Lesbo. (RAPID, IP/18/4342, 2.7.2018)

La Comisión Europea ha decidido hoy proponer la imposición de una sanción financiera a España en el contexto de su recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haberse notificado medidas de transposición completa de la Directiva de la UE relativa a las cuentas de pago (Directiva 2014/92/UE). Esta decisión confirma la decisión de la Comisión de octubre de 2017, pero tiene en cuenta la transposición parcial de la Directiva realizada desde entonces. La Comisión pedirá al Tribunal de Justicia que imponga una multa coercitiva diaria de 48 919,20 euros a España desde el día de la sentencia hasta que la Directiva haya quedado transpuesta completamente y esté en vigor en el Derecho nacional. La normativa de la UE sobre cuentas de pago es esencial para garantizar que los consumidores disfruten de unas cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e inclusivo. La Directiva concede a todos los residentes legales de la UE el derecho a poseer una cuenta de pago básica con un coste razonable, independientemente de su lugar de residencia. También mejora la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparación entre cuentas y el cambio de cuenta. Las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que habían de adoptar los Estados miembros para conformarse a la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y se debía informar inmediatamente a la Comisión.  (RAPID, IP/18/3453, 17.5.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-431/16 (Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) / José Blanco Marqués) de 15 de marzo de 2018
Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículos 12 y 46 bis a 46 quater — Prestaciones de la misma naturaleza — Concepto — Norma que prohíbe la acumulación — Concepto — Requisitos — Norma nacional que establece un complemento de la pensión de incapacidad permanente total para los trabajadores mayores de 55 años — Suspensión del complemento en caso de empleo o de percepción de una pensión de jubilación
En el asunto C‑431/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante auto de 11 de mayo de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 2016, en el procedimiento entre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y José Blanco Marqués (Curia.europa.eu, 15.3.2018)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C‑103/16 (Jessica Porras Guisado y Bankia, S.A., Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de 22 de febrero de 2018.
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 92/85/CEE — Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia — Artículo 2, letra a) — Artículo 10, puntos 1 a 3 — Prohibición de despido de una trabajadora durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad — Ámbito de aplicación — Casos excepcionales no inherentes al estado de la trabajadora afectada — Directiva 98/59/CE — Despidos colectivos — Artículo 1, apartado 1, letra a) — Motivos no inherentes a la persona de los trabajadores — Trabajadora embarazada despedida en el marco de un despido colectivo — Motivación del despido — Prioridad de permanencia de la trabajadora en la empresa — Prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo. 
En el asunto C‑103/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante auto de 20 de enero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Jessica Porras Guisado y Bankia, S.A., Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Curia.europa.eu, 22.2.2018)

La Comisión ha propuesto hoy conceder 104 millones de euros del Fondo de Solidaridad a cuatro Estados miembros de la UE azotados por catástrofes naturales en 2017.

Así se materializa la promesa de la Comisión Juncker de ofrecer algo más que sus condolencias cuando un Estado miembro es golpeado por una catástrofe. Los recursos del Fondo de Solidaridad de la UE pueden utilizarse para apoyar los esfuerzos de reconstrucción y cubrir en parte los costes relacionados con los servicios de urgencia, el alojamiento provisional, las operaciones de limpieza y la protección del patrimonio cultural, con el fin de aliviar la carga financiera que soportan las autoridades nacionales. (RAPID, IP/18/722, 15.2.2018)

La Comisión ha adoptado hoy la decisión de transferir la sede auxiliar del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo del Reino Unido a España. El Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo (CSSG) es una infraestructura técnica que desempeña un cometido esencial para la seguridad del programa de la UE de navegación por satélite Galileo y su servicio público regulado. El CSSG tiene su sede principal y operativa en Francia, y su sede auxiliar en el Reino Unido (Swanwick). Como el Reino Unido va a retirarse de la Unión, la sede auxiliar tiene que mudarse a uno de los veintisiete Estados miembros de la UE. (RAPID, IP/18/389, 24.1.2018)

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