Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, al Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y al Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva [notificada con el número C(2016) 4060] (DOUE L 55/12, 2.3.2017)

La Comisión Europea envía una última advertencia a Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido por no haber resuelto el problema de incumplimiento constante de los límites de contaminación atmosférica correspondientes al dióxido de nitrógeno (NO 2). La contaminación por NO2 supone un riesgo sanitario grave. La mayor parte de las emisiones proceden del tráfico rodado. La Comisión Europea insta a cinco Estados miembros a que adopten medidas para garantizar una buena calidad del aire y proteger la salud pública.

Cada año, más de 400 000 ciudadanos mueren prematuramente en la UE como consecuencia de una mala calidad del aire. Millones de personas padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por la contaminación del aire. En 2013, debido a unos niveles persistentemente altos de dióxido de nitrógeno (NO2), se produjeron aproximadamente 70 000 muertes prematuras en Europa, un número casi tres veces superior al de muertes por accidentes de tráfico en ese mismo año.

La legislación de la UE sobre la calidad del aire ambiente (Directiva 2008/50/CE) establece valores límite para los contaminantes atmosféricos, en particular el dióxido de nitrógeno.Si se superan esos valores límite, los Estados miembros están obligados a adoptar y ejecutar planes de calidad del aire que establezcan medidas adecuadas para poner fin a esa situación lo antes posible. (RAPID, IP/17/238, 15.2.2017)

La Comisión Europea está adoptando nuevas medidas contra Grecia, España, Italia y Eslovaquia para garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre morosidad (Directiva 2011/7/UE) y evitar que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), sufran pérdidas en estos países.

La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «La morosidad supone una carga importante para las empresas europeas, y especialmente par las pequeñas. Poder contar con el pago puntual de sus contratantes permite a las empresas realizar su trabajo y cumplir sus compromisos con sus clientes y empleados. Cuando pedimos a los Estados miembros que cumplan las reglas sobre morosidad, protegemos a las empresas y contribuimos a la competitividad de la UE».

La morosidad tiene efectos perniciosos para las empresas, puesto que afecta a su liquidez y flujo de caja, lo que complica su gestión financiera y merma su crecimiento. La Directiva sobre morosidad refuerza los derechos de los acreedores mediante el establecimiento de plazos de pago para las empresas y los poderes públicos que adquieren bienes o servicios. En caso de incumplimiento de esos plazos, otorga a las empresas el derecho a una compensación equitativa. Las administraciones públicas deben desempeñar un papel preponderante para desalentar la cultura de la morosidad, dando ejemplo y pagando a sus proveedores con puntualidad y transparencia. (RAPID, IP/17/239, 15.2.2017)

Jueves, 09 Febrero 2017 10:21

Nuevo blog de Eures España

CoverSeguro que alguna vez te has planteado buscar empleo fuera de España pero el tema económico te frena. Y es que asistir a un proceso de selección fuera de tu país o trasladarte a vivir a otro lugar siempre conlleva un desembolso económico que no todo el mundo puede afrontar. EURES España lleva varios años gestionando diversas ayudas de movilidad para que este aspecto no sea impedimento en tu proyecto de movilidad.

Hasta 2020 EURES España gestiona las ayudas Tu Trabajo EURES FSE a las que pueden acceder todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de tener nacionalidad española y residir en España o en otro país del Espacio Económico Europeo (EEE), o bien ser nacional de un país del EEE con residencia legal en España; estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo del país donde resides y contar con una invitación bien para entrevista, bien para incorporación a un puesto de trabajo en un país diferente al de tu residencia (es decir, que implique movilidad). Además las contrataciones deberán tener una duración mínima de 6 meses. [+]

Se considera que España, actualmente sujeta al componente corrector, cumple en términos generales el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2017 y que Lituania, sujeta al componente preventivo, corre riesgo de incumplirlo, a la espera de la evaluación de la flexibilidad solicitada.

La Comisión Europea ha adoptado hoy dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios actualizados de España y Lituania para 2017, que se presentaron el pasado mes de diciembre tras la formación de nuevos gobiernos en ambos países. Esta evaluación se basa en una actualización de las previsiones de otoño de 2016 de la Comisión, realizada exclusivamente para estos dos Estados miembros. Se prevé que España incumpla ligeramente el objetivo de déficit global del 3,1 % para 2017 fijado por el Consejo el pasado mes de agosto. No obstante, se estima que el país habrá realizado el esfuerzo presupuestario estructural exigido tanto en 2017 como, en términos acumulados, a lo largo de 2016 y 2017. La Comisión considera que el proyecto de plan presupuestario de España se ajusta en líneas generales a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, e invita a las autoridades españolas a estar preparadas para adoptar nuevas medidas si la evolución presupuestaria indicara un aumento del riesgo de que no se cumplieran los requisitos del Consejo. (RAPID IP/17/68, 17.1.2017)

La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no recuperar ayudas estatales incompatibles dedicadas a subvencionar la digitalización de su red de televisión y no suspender todos los pagos en curso para su explotación y mantenimiento.

En octubre de 2014 y junio de 2013, la Comisión adoptó dos decisiones en las que concluía que las ayudas estatales concedidas por España para subvencionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT) en lugares remotos de Castilla-La Mancha y del resto de España, respectivamente, eran incompatibles con las normas de la Unión sobre ayudas estatales.

De conformidad con el principio de neutralidad tecnológica, la financiación pública deberá concederse a todas las plataformas de transmisión (terrestre, por satélite, por cable o a través de Internet) sin discriminación alguna. Las medidas tomadas por las autoridades españolas únicamente beneficiaban a la tecnología digital terrestre, infringiendo este principio. También implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres. Como consecuencia de ello, algunos operadores terrestres recibieron una ventaja selectiva sobre sus competidores. Las restricciones pueden haber privado a los consumidores de algunos posibles beneficios, por ejemplo unas mayores posibilidades de elección y unos precios más bajos. Las decisiones de la Comisión, por lo tanto, señalaban que las subvenciones debían ser devueltas a las autoridades españolas correspondientes.

Más de tres años y medio después de la primera decisión y más de dos años después de la segunda, las autoridades españolas solamente han recuperado una pequeña parte de las ayudas (aproximadamente el 2 % de la cantidad estimada en la primera decisión y nada con respecto a la segunda). Además, España sigue pagando por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT, en incumplimiento de las decisiones.

Como consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones, el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido. La Comisión está especialmente preocupada por la continuación del pago de subvenciones ilegales en detrimento de otros operadores. Por tanto, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). (RAPID, IP/17/37, 10.1.2017)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos acumulados C-20/15 P (Comisión/World Duty Free Group (ant. Autogrill España, S.A.)), y C-21/15 P (Comisión/Banco Santander, S.A., y Santusa Holding, S.L) de 21 de diciembre de 2016
Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen tributario — Impuesto sobre sociedades — Deducción — Amortización del fondo de comercio financiero resultante de las adquisiciones de participaciones de al menos el 5 % por empresas con domicilio fiscal en España en empresas con domicilio fiscal fuera de dicho Estado miembro — Concepto de “ayuda de Estadoˮ — Requisito de selectividad
En los asuntos acumulados C‑20/15 P y C‑21/15 P, que tienen por objeto dos recursos de casación de acuerdo con el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpuestos el 19 de enero de 2015, Comisión Europea, representada por los Sres. R. Lyal, B. Stromsky y C. Urraca Caviedes y por la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes, parte recurrente, y en el que las otras partes en el procedimiento son: World Duty Free Group, S.A., anteriormente Autogrill España, S.A., con domicilio social en Madrid (asunto C‑20/15 P), Banco Santander, S.A., con domicilio social en Santander (asunto C‑21/15 P), Santusa Holding, S.L., con domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid) (asunto C‑21/15 P), representadas por los Sres. J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro y R. Calvo Salinero, abogados, partes demandantes en primera instancia, apoyados por: República Federal de Alemania, representada por el Sr. T. Henze y la Sra. K. Petersen, en calidad de agentes, Irlanda, representada por las Sras. G. Hodge y E. Creedon, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. B. Doherty, Barrister, y la Sra. A. Goodman, Barrister, Reino de España, representado por el Sr. M.A. Sampol Pucurull, en calidad de agente, partes coadyuvantes en casación (Curia.europa.eu, 21.12.2016)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos acumulados C-154/15 (Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco, S.A.U.), C-307/15 (Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.), y C-308/15 (Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu) de 21 de diciembre de 2016
Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con los consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas abusivas — Artículo 4, apartado 2 — Artículo 6, apartado 1 — Declaración de nulidad — Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva
En los asuntos acumulados C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada (C‑154/15), mediante auto de 25 de marzo de 2015, recibido en el Tribunal de Justicia el 1 de abril de 2015, así como por la Audiencia Provincial de Alicante (C‑307/15 y C‑308/15), mediante autos de 15 de junio de 2015, recibidos en el Tribunal de Justicia el 1 de julio de 2015, en los procedimientos entre Francisco Gutiérrez Naranjo y Cajasur Banco, S.A.U. (asunto C‑154/15), Ana María Palacios Martínez y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) (asunto C‑307/15), Banco Popular Español, S.A. y Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (asunto C‑308/15)  (Curia.europa.eu, 21.12.2016)

CoverLa educación para el emprendimiento en el sistema educativo español. Año 2015: Resumen ejecutivo Eurydice España Redie
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016

El propósito de este estudio es actualizar y analizar en profundidad datos relevantes sobre políticas, currículo, resultados e impacto de la educación para el emprendimiento, así como reunir información sobre formación y medidas de apoyo al profesorado y buenas prácticas en este ámbito. El año de referencia es el curso 2014/15. El informe describe la situación de la educación para el emprendimiento en Educación Primaria y Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio). No se han tenido en cuenta los itinerarios formativos enfocados al emprendimiento como opción profesional, como por ejemplo los estudios del área empresarial, dado que se desvían del análisis del emprendimiento como competencia clave de carácter transversal. Dado el alto grado de descentralización del sistema educativo español, ha sido preciso llevar a cabo el análisis tanto a nivel nacional como autonómico. El principal instrumento de recogida de datos ha sido el cuestionario diseñado por la Red Europea de Información sobre Educación (EURYDICE) para la elaboración del estudio "Entrepreneurship Education at School in Europe" (2016) que se remitió a las 17 comunidades autónomas en Marzo de 2015. [+]

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